INFORMACIÓN NORMATIVA

Referencia a la normativa que determina el régimen jurídico y naturaleza, así como la que regula la actividad, las contrataciones de suministros, bienes y servicios y la que determina el buen gobierno y la transparencia a seguir en la gestión.

NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

La sociedad Correos Telecom S.A. S.M.E. es una sociedad anónima de nacionalidad española que se rige por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por la Ley General Presupuestaria, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por sus Estatutos, y por las demás leyes y disposiciones que le sean de aplicación. Su accionista único es la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E. es una sociedad mercantil que se rige por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación, en su condición de sociedad integrante del sector público empresarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en coordinación con el artículo 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el accionista único de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E. La Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, con la que el Gobierno aprobó el Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal, estableció, entre otras medidas, el cambio de titularidad de Correos, con la consecuente incorporación de la totalidad de las acciones a favor de SEPI.

CONTRATACIÓN

En lo que se refiere a contratación, el marco normativo está constituido por las instrucciones internas de contratación de la sociedad.

Dichas instrucciones se encuentran a disposición de todos los interesados en  Normas de contratación de Correos Telecom.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, dispone que todas las empresas del sector público deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia relacionada con el funcionamiento y control de su actividad pública.